Según sostuvo la vocera del Gobierno, Virginia Coudannes, la iniciativa altera el esquema de financiamiento del gas residencial y vuelve a trasladar los costos energéticos a hogares e industrias, con especial impacto sobre las provincias productivas. Advirtió que las consecuencias recaerán con mayor fuerza sobre el interior del país: “Los más perjudicados son las provincias del interior productivo. Hay que recordar todo lo que desde Santa Fe aportamos a la Nación y que después no vuelve”.
Coudannes sostuvo además que el debate excede el impacto sobre las tarifas domiciliarias y alcanza de lleno la competitividad industrial y la capacidad de crecimiento regional. “Hay que discutir una política energética que contemple las realidades productivas del interior”, señaló, y expresó preocupación por el efecto que estas medidas podrían tener sobre la actividad económica santafesina.
Inversión estratégica
Al mismo tiempo, contrapuso a las decisiones nacionales el plan de infraestructura gasífera que ejecuta la Provincia, con seis gasoductos destinados a ampliar el acceso al gas natural para el sector productivo y las localidades del interior. “Estamos construyendo seis gasoductos que llevarán gas natural de red a 266 industrias. Es una obra total de 610 kilómetros, que conectará a 45 localidades y beneficiará a más de 120.000 santafesinos”, enumeró.
Para la vocera provincial, el acceso a la energía debe ser una herramienta de desarrollo y no una limitación para la producción. “Tenemos una certeza: la energía debe ser la palanca que empuje el crecimiento provincial y no el cuello de botella que frene el potencial de Santa Fe”, afirmó.
Finalmente, reivindicó la posición de la provincia frente al escenario económico nacional: “Santa Fe no espera que el país la salve. Santa Fe lidera el cambio, y estas obras son un ejemplo concreto de cómo defendemos y profundizamos los intereses de nuestra provincia”.
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