El futuro de la más importante salida fluvial de productos agroindustriales al mundo está en el centro de la polémica, entre quienes quieren ensanchar y calar más profundo el canal principal y aquellos que denuncian el riesgo de un impacto ambiental irreversible, de continuar con las obras.
El escenario de la discusión fue la Audiencia Pública de anteayer en la sede de la BCR, donde evaluaron el Impacto Ambiental de la Vía Navegable Troncal y su próxima licitación para llevarla a 44 pies de profundidad. La decisión de la audiencia no tiene correlato vinculante pero, aporta un antecedente fundamental a la hora de la toma de decisiones de las autoridades responsables.
Voces a favor un mayor calado
La bolsa de comercio local, la cámara Aceitera, la Unión Industrial Argentina y la cámara de Puertos Privados (entre otras entidades) ponderaron el resultado de la audiencia pública donde “250 oradores se pudieron expresar libremente” acerca de la conveniencia o no de llevar el calado del Paraná a 44 pies y ensanchar el canal navegable para permitir el ingreso de buques de ultramar de mayor porte que los que ingresan actualmente.
Si bien el resultado de la audiencia no es de aplicación vinculante para las autoridades, “ofrece un marco participativo y transparente para arribar a la licitación”, agregaron las entidades mencionadas. El Informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la Vía Navegable Troncal es uno de los pasos previos fundamentales antes de la adjudicación de las obras.
El comunicado conjunto de las entidades nucleadas en la BCR destaca que “la nueva concesión a riesgo empresario permitirá posicionarnos mejor en el mapa del comercio internacional”,
Las “aguas turbias”, según los ambientalistas
Las voces en contra del mayor dragado del lecho del río se levantaron desde los sectores ecologistas para quienes “aumentar la profundidad de calado y ensanchar el canal del Paraná es adaptar el río al interés de los grandes grupos marítimos”. Así lo denunció el director de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Lucas Micheloud, quien insistió en “determinar a través de estudios independientes cómo impactará en la contaminación de las aguas, en los humedales y en la fauna ictícola” remover el lecho del río.
Para el abogado “hace 30 años que se realizan obras de canalización ilegítimas e ilegales” provocando la remoción del lecho del río, altamente contaminado por hidrocarburos, y agrotóxicos” que pueden contaminar aún más el agua potable que se consume en ciudades”, como la nuestra”.
La polémica quedó instalada y abierta entre exportadores y ambientalistas, mientras la autoridad de aplicación deberá resolver el camino a seguir, tras los debates en la audiencia Pública, llevada a cabo en Rosario.
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