El Gobierno de Santa Fe asume un rol protagónico en la defensa del biodiésel argentino tras el anuncio de la Unión Europea de catalogar a la soja como insumo de “alto riesgo ambiental” bajo la normativa ILUC. La medida amenaza con frenar exportaciones por 350 millones de dólares anuales y afecta directamente a la provincia, que concentra el 100 % de las terminales exportadoras del país.
“El biodiésel de soja es trabajo, innovación y divisas para el país. Santa Fe no se queda de brazos cruzados: tomamos posición y estamos trabajando para defender lo que nos pertenece”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
Participación institucional en el proceso europeo
El Gobierno Provincial decidió intervenir de manera institucional en el debate internacional, aportando fundamentos técnicos ante la Comisión Europea y poniendo a disposición información estratégica para su consideración en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Santa Fe ya se inscribió en el procedimiento de consulta pública de la Comisión Europea, garantizando que su voz esté presente en el debate y pueda ser considerada en el sistema multilateral de comercio. En este ámbito, las provincias actúan siempre en articulación con el Estado nacional, ya que solo los gobiernos nacionales pueden ser parte directa en controversias ante la OMC. Por eso, la voz de Santa Fe se canaliza a través de la Cancillería argentina, fortaleciendo la posición del país con datos y argumentos técnicos.
De esta manera, el Gobierno de Santa Fe consolida su rol activo en la defensa del complejo soja–biodiésel, asegurando que su aporte esté presente en los espacios donde se analizan y eventualmente se dirimen las disputas comerciales internacionales.
Contexto de la medida europea
La Unión Europea aplica el criterio de Cambio Indirecto del Uso del Suelo (ILUC), que sostiene que ciertos cultivos destinados a biocombustibles podrían generar impactos ambientales indirectos. Con ese argumento, clasificó a la soja argentina como insumo de “alto riesgo” y restringió su uso como biodiésel dentro del mercado europeo.
Desde Santa Fe, esta postura se considera arbitraria y proteccionista, porque desconoce la evidencia científica y la sostenibilidad del modelo productivo argentino. La provincia impulsa un frente de defensa estratégica para demostrar con datos que el biodiésel argentino es innovación, valor agregado y trabajo para miles de familias