Se viene la quinta subasta de bienes decomisados al delito, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). Se rematarán 150 lotes entre motos, automóviles, un avión y otros elementos que fueron exhibidos en el parque Alem y ya los trasladaron al salón donde se realizará la mega subasta, dentro del complejo Metropolitano del Alto Rosario.
Para participar de la subasta se inscribieron 5.400 personas de todo el país, número récord en lo que va de este tipo de actividades, quienes podrán observar los vehículos el miércoles, de 10 a 18, y el jueves, de 8.30 a 13. Para ingresar deberán presentar el DNI y podrán asistir acompañados por un mecánico, que también deberá acreditar su identidad. Las acreditaciones para participar del remate se realizarán el miércoles, de 14.30 a 15.30, también con presentación obligatoria del documento.
En ese marco, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, señaló: “Iniciamos el traslado de los vehículos al Metropolitano de cara a la subasta. Estamos conformes con esta política pública integral, enmarcada en la estrategia de seguridad. Desde la Aprad nos corresponde la etapa final: quitarles los bienes a los delincuentes y subastarlos para impedir que continúen financiando actividades ilícitas”.
El funcionario explicó además que el destino de los fondos recaudados tiene tres ejes: “En primer lugar, si hay víctimas vinculadas a algún bien, el dinero se destina a su resarcimiento y queda bajo resguardo judicial. El año pasado indemnizamos a víctimas por más de 300 millones de pesos. En segundo lugar, la Aprad no utiliza recursos del presupuesto provincial, sino que se autofinancia con los fondos obtenidos en las subastas. Y, en tercer lugar, una parte se destina a políticas públicas, como el apoyo a centros de jubilados, clubes de barrio y escuelas”.
Consultado sobre la disputa judicial en torno a uno de los bienes -un avión que será subastado-, Figueroa Escauriza indicó que la situación ya fue resuelta: “Se trata de personas condenadas que cuentan con recursos para intentar frenar estos procesos. Sin embargo, en una audiencia judicial se determinó que todos los procedimientos administrativos se ajustan a la ley provincial. No hay presión política, sino el cumplimiento estricto de una normativa vigente. Lo que hacemos es quitarles recursos a quienes cometieron delitos y causaron daño a la sociedad”.
Por último, el funcionario subrayó que Santa Fe es la única provincia que lleva adelante este tipo de subastas, al contar con una ley de extinción de dominio: “Este modelo debería replicarse en otras jurisdicciones, porque de lo contrario los delincuentes trasladan sus bienes a otras provincias. Es necesario avanzar hacia una política federal que permita combatir el delito de manera integral en todo el país”, concluyó.