Hechos como los ocurridos recientemente en el seno de la banca tradicional como el de Ueno Bank en la República de Paraguay, o de exchanges (plataformas de intercambio) de cryptos como el de Binance (2026), Bybit (2025), FTX (2022), Coincheck (2018), Mt. Gog (2014), por citar los más importantes, ponen de manifiesto una vez más que la cuestión en torno al depósito y custodia de activos representa -en todo tiempo y lugar- un preocupación constante que “nunca duerme”.
En este apunte nos vamos a centrar en un caso cuya dimensión muestra una particularidad muy especial, sobre todo porque a pesar del tiempo transcurrido no ha sido finalmente dilucidado (y menos aún resuelto).
Se trata de lo que fue por entonces el Euro Pacific International Bank (EPIB). Era una entidad financiera internacional (IFE) con licencia de la OCIF, el regulador de Puerto Rico (Estado Libre Asociado de los EE.UU.), para atender a clientes no residentes. La OCIF emitió una orden de “cese y desista” y suspendió sus operaciones en junio de 2022.
Había antecedentes: en 2020 varios medios informaron que el banco estaba bajo investigación del J5, un grupo de autoridades fiscales de cinco países, por supuesto lavado de dinero y evasión fiscal. Ese grupo investigó si el banco ofrecía productos y servicios que facilitaban esas conductas.
Tal vez lo más llamativo es quién era el que lo presidía el EPIB. Era nada menos que Peter Schiff, el conocido inversor defensor a ultranza del Oro (y enemigo acérrimo del Bitcoin).
La principal característica de este banco fue que era una entidad financiera sólo de custodia de activos y estaba respaldado por Oro físico. La diferencia era, precisamente, esa. Lo que lo distinguía de los demás bancos era que no otorgaba crédito a instituciones de cualquier índole (sea pública o privada) ni a personas. Ocurrió que los reguladores exigieron por entonces capital mínimo, controles contra el lavado de dinero y cumplimiento en la gestión de clientes (lo se denomina habitualmente “conozca a su cliente”).
Un banco de custodia puede tener todos los activos y aun así incumplir cualquiera de esas exigencias. En otras palabras: que un banco no preste dinero no lo hace automáticamente inmune a una intervención. Por tal motivo, las autoridades competentes designaron formalmente un síndico.
Por supuesto, Peter Schiff se defendió alegando que no había incurrido en ninguna irregularidad legal. Sin embargo, aceptó liquidar el banco en un acuerdo con la OCIF, aunque sostuvo en todo momento que la entidad tenía efectivo suficiente para devolver todos los fondos a los clientes. Como parte de la transición y liquidación, se transfirieron la custodia a una entidad financiera norteamericana llamada Qenta de aproximadamente 70 millones de dólares en activos de los clientes del banco, incluyendo depósitos en efectivo, oro físico, y participaciones en mutual funds.
No obstante, el año pasado la cuestión volvió a ponerse picante. Schiff denunció que todo se trató de una conspiración. Presentó una demanda por derechos civiles alegando que funcionarios del IRS (la DGI norteamericana) y de la OCIF portorriqueña “coordinaron acciones para cerrar el banco con acusaciones falsas”.
Ahora hay un frente judicial abierto. Desde ya, el síndico replicó acusándolo a Schiff. En setiembre de 2025, el funcionario presentó una demanda que describe un esquema articulado por el propio Schiff y Qenta para apropiarse de activos de clientes.
Hoy -noviembre de 2026-, la pregunta obligada es la siguiente: ¿qué pasó con los depósitos?
Después de cuatro años, los depósitos terminaron divididos a través de dos caminos distintos, según lo que cada cliente eligió allá por 2022. Esa división explica casi todo el conflicto posterior.
Cuando se ordenó la liquidación, los clientes podían quedarse en el proceso supervisado por la OCIF (Puerto Rico), o aceptar migrar a la cuenta custodia a Qenta (EE.UU.). La lección general es que “tener reservas” no equivale a “estar a salvo de una intervención”. En un banco, lo que se mira son capital, cumplimiento y gobierno corporativo, no sólo si hay respaldo físico.
En otras palabras: solvencia, liquidez y disponibilidad efectiva del dinero son tres cosas completamente diferentes. Y en la banca privada internacional, la jurisdicción, la estructura de custodia y la posibilidad de ejecutar legalmente un reclamo pueden ser tan importantes como el saldo de la institución. El mayor riesgo para los depositantes no fue la intervención en sí, sino qué pasó con los activos después.
Para los depositantes, la promesa de “reserva plena” no bastó. Que los activos existieran no garantizó recuperarlos ni rápido ni completamente, porque la intervención dejó un proceso
largo con terceros en el medio. La migración a Qenta parece haber sido el punto más frágil, y ahí todavía hoy las dos partes se culpan mutuamente.
En definitiva, los depositantes de Euro Pacific International Bank no recuperaron todos sus fondos de manera inmediata ni existe evidencia de que todos hayan cobrado la totalidad de sus acreencias.
Disclaimer: El contenido de este apunte no debe interpretarse bajo aspecto alguno como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo o título en particular.
Dicho contenido representa únicamente la opinión personal de quien lo suscribe. En todos los casos, todo inversor particular debe asesorarse con un profesional (ALyC) inscripto y habilitado a tal efecto ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) de la República Argentina.